Por Bruno Cortés
Las lluvias torrenciales que azotaron la Sierra Norte de Puebla entre el 7 y el 11 de octubre de 2025 dejaron un saldo devastador: 13 personas fallecidas, más de 30 mil afectadas y comunidades enteras aisladas por el desbordamiento de ríos y deslaves. Municipios como Pantepec, Huauchinango y Jopala se convirtieron en epicentro de la tragedia, con familias rescatadas en lanchas improvisadas mientras esperaban la llegada de auxilio.
La declaratoria de desastre natural para 23 municipios fue emitida el 15 de octubre, cuatro días después del punto más crítico de las lluvias. Este retraso generó críticas hacia la coordinación entre autoridades estatales y federales, pues los reportes locales advirtieron del riesgo con días de anticipación. En redes sociales, el hashtag #PueblaAbandonada superó el millón y medio de menciones, reflejando el descontento de ciudadanos y organizaciones civiles ante la falta de respuesta inmediata.
Videos difundidos en plataformas digitales mostraron escenas de desesperación: familias refugiadas en techos, carreteras partidas por deslaves y zonas urbanas bajo el agua. Los reclamos apuntaron directamente a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), eliminado en 2024, lo que —según opositores— dejó a los estados sin recursos estructurados para emergencias de este tipo.
Durante los días más críticos, habitantes de las zonas afectadas denunciaron que los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no fueron acompañados por planes de evacuación o acciones preventivas. Comunidades indígenas de la región señalaron que las alertas no llegaron a tiempo o no se comunicaron adecuadamente en sus lenguas, lo que agravó el impacto.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó las áreas afectadas el 19 de octubre, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, y anunció un programa de 500 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, caminos y escuelas. Sin embargo, los apoyos fueron recibidos con escepticismo por parte de la población, que acusó que la ayuda federal llegó “tarde y mal”.
Analistas independientes coincidieron en que los daños pudieron haberse reducido significativamente con inversión preventiva en infraestructura hidráulica, diques y sistemas de monitoreo satelital. Estimaciones preliminares sugieren que hasta 2 mil millones de pesos en pérdidas pudieron evitarse con medidas anticipadas.
En el ámbito político, la oposición aprovechó la crisis para señalar lo que califican como una “negligencia estructural”. Dirigentes del PAN y del PRI acusaron al gobierno de Sheinbaum de “populismo tardío”, mientras que diputados locales exigieron reactivar fondos permanentes para emergencias naturales.
La tragedia también encendió un debate más amplio: el papel del cambio climático y la deforestación en la Sierra Norte, señalada por ambientalistas como un factor que intensificó la fuerza de los deslaves. En los últimos años, la región ha sufrido un aumento en la tala irregular y la erosión de sus suelos, lo que incrementa la vulnerabilidad ante lluvias extremas.
Mientras el nivel de los ríos desciende, el enojo ciudadano sigue en aumento. Las comunidades afectadas exigen transparencia en la entrega de apoyos y la creación de un nuevo mecanismo de protección civil federal que no dependa de decisiones políticas. El desastre en Puebla dejó una lección amarga: la naturaleza puede ser impredecible, pero la respuesta del Estado no debería serlo.
